Mendoza ya cuenta con un protocolo de actuación que estandariza la investigación por crímenes violentos contra mujeres.

De esta manera, se convierte en la segunda provincia del país, después de la Pampa, que ordena a los fiscales a seguir una serie de buenas prácticas para el esclarecimiento de muertes violentas por razón de género y que busca que en los inicios de la investigación se contemple la hipótesis del femicidio.

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El Ministerio Público Fiscal aprobó esta herramienta a través de la Resolución N° 36/2019 el pasado 14 de febrero, luego de casi medio año de trabajo en la adecuación de los lineamientos del Protocolo Latinoamericano de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género, el que tiene rango constitucional, luego de que la Argentina adhiriese a la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW siglas en Inglés).

El Procurador de Mendoza, Alejandro Gullé destacó que este producto es el resultado del análisis que realizó una comisión redactora para adaptar el Protocolo de Naciones Unidas y que fue coordinado desde la Dirección de Enlace Institucional, a cargo de Rosana Dottori; con la colaboración del Fiscal en Jefe de Homicidios, Fernando Guzzo y la Jefa de la Unidad Fiscal de Violencia de Género, Daniela Chaler.

“En estos momentos es fundamental encarar en absolutamente todas las investigaciones donde la víctima sea una mujer y esté el homicidio vinculado a una cuestión de género. Hay que tomarlo con cierta rigurosidad científica para no perder detalles y darle el enfoque que corresponde”, señaló el jefe de los fiscales y enfatizó: “Esto nos ubica a la cabeza de estos temas junto con La Pampa”.

El tener un protocolo un estándar nos garantiza la asepcia en la investigación“, cerró Gullé.

Por su parte, Dottori comentó que este manual de actuación se hizo con la participación de integrantes del Ministerio Público Fiscal en toda la provincia y donde también se le dio especial atención al aporte de los querellantes particulares.

“El Protocolo de Investigación de Femicidios viene a armonizar con toda la legislación existente, como La Ley Brisa, la Ley Micaela recientemente implementada y con el sistema de Juicio por Jurados”, agregó.

Qué cambios introduce a la investigación preparatoria 

Los femicidios han arrojado cifras preocupantes en Mendoza. Este año, las estadísticas iniciaron con el brutal crimen de Liliana Ramona Olguín (49), a quien su pareja la mató a hachazos, generándole heridas de gran profundidad en todo su cuerpo.

Sosa habría utilizado la misma hacha que usaba en su cocina para comprar carne.

Desde un inicio, los instructores comenzaron a indagar cómo era la relación que tenía con su ex esposo, Luis Alberto Sosa (54), que al momento de conocerse el hecho estaba prófugo.

Si bien, Ramona no lo había denunciado por malos tratos, la familia y los vecinos sí estaban al tanto de las peleas y de las amenazas hacia la mujer.

Desde los albores, se trabajó en la hipótesis del femicidio y finalmente después de un cúmulo de pruebas la fiscal Claudia Ríos imputó a Sosa por homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género (femicidio) y ordenó la prisión preventiva.

Estas alertas que se deben tener desde el análisis de la escena del crimen son aportadas por el Protocolo.

“Aunque algunos crean que se pueden llegar a decir cosas obvias de lo que hay que hacer en la investigación, es un instrumento muy útil porque lo que tiende es inculcar que en la instrucción es que en todo momento se evalúen las actuaciones desde la perspectiva de género”, subrayó Chaler.

Y agregó, “si tenemos en cuenta esa premisa del femicidio, son otras las pruebas que se van a ordenar en la producción y eso cambiará radicalmente la conducción de la investigación”.

Razones de género 

Chaler resaltó que los investigadores deben acreditar si existe el agravante de connotaciones como “desprecio a la mujer, odio” o prácticas culturales como la misoginia que normalizan la violencia hacia las mujeres.

“El cambio nos recae directamente a los fiscales, pero nosotros a la hora de un juicio también vamos a tener que dimensionar de qué se trata este tipo de delito sobre todo en los jurados populares“, sostuvo.

Por último, la magistrada destacó que cuando se ponga en vigencia el sistema de juicios por jurados, “el fiscal tendrá que explicarle al cuerpo de ciudadanos en qué consiste un femicidio y las características que lo constituyen para que el jurado pueda elaborar un veredicto”.

“Son inadmisibles más errores”

Graciela Bianchi -madre de la Florencia Peralta la uniformada sanrafaelina que fue asesinada en 2016 y que por el crimen está detenida su ex pareja, Damián Ortega- es una de las fundadora de las agrupación Madres de Pie Mendoza, entidad que pregona la erradicación de la violencia contra las mujeres y la actuación eficiente de la Justicia.

Al ser consultada sobre la vigencia de este Protocolo, Bianchi dijo no estar informada sobre el alcance de este cambio el trabajo judicial y disparó: “Lo único que te puedo decir es que los jueces de San Rafael se han portado muy mal con nosotros, estuvieron más de un año para analizar una muestra de ADN que le encontraron a mi hija y por el tiempo transcurrido no sirve. Ya no podemos admitir más errores”.

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“Desde la Justicia nos dicen que no tienen pruebas para que siga detenido el asesino de Florencia. Quieren hacer pasar su femicidio como algo que pasó en ocasión de robo y lo único que faltaba en la casa era la computadora y el celular que podía contener algo que condujera a su asesino”, dijo Bianchi.

Aunque al celular lo encontraron después, “nunca pudieron recuperar el contenido”.

Bianchi puso sobre relieve los malos tratos que sufría su hija y que por eso se había separado del padre de su hijo.

Florencia, a pesar de ser policía y de tener un fuerte entrenamiento en defensa personal fue estrangulada por su atacante y no opuso resistencia. A casi tres años del crimen, aún no está esclarecido.

“Qué están haciendo para que no nos maten más”

Por su parte, una de las integrantes del Movimiento Ni Una Menos, Laura Chazarreta también indicó que desconocía la aplicación de un Protocolo por muertes violentas de mujeres y aseguró que si bien son quienes tienen un continuo contacto con las víctimas de violencia, “no fuimos invitadas a participar de su elaboración”.

De todas maneras, Chazarreta cuestionó que “desde el Estado no se esté haciendo nada para prevenir y evitar que se sigan engrosando las estadísticas del femicidio”.

En vísperas a una nueva marcha por el 8M, en donde se va pedir la emergencia por los casos de violencia de género y estará presente el Movimiento Ni Una Menos, la referente de la a Corriente Política y Social La Colectiva en Mendoza advirtió “las mujeres en situación de violencia son cada vez más y no hay programas de empleo, de restitución de derechos que las contenga, creo que ahí debemos poner el foco”.

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La feminista recordó que hace unos meses, ante la situación de una mujer que estaba atravesando una problema de estas características “se acudió desde la agrupación al refugio de Las Heras, pero nos dijeron que lo estaban reformando, hasta hoy no sabemos por qué no la admitieron,  pero la pregunta que nos queda, es qué hubiese pasado con ella, si no la hubiésemos ubicado a tiempo en otro lugar”.

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